Argelia se acercó más a este islamismo al recurrir a las «finanzas islámicas», es decir, introducir la sharia o «ley islámica» en la economía.

Estos días, España se encuentra inmersa en plenas negociaciones a dos bandas, intentando hacer equilibrios para no quedar mal con nadie al otro lado del Estrecho. Por un lado, sigue intentando restablecer las relaciones dañadas con Marruecos tras la atención médica del líder de Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital español. A su vez, aceptó a Ghali seguramente con el fin de limar asperezas con el Sáhara Occidental, algo que no conseguirá mientras no asuma de frente su responsabilidad en el conflicto.

Por otra parte, en plena transición al invierno, Argelia ha anunciado el cierre del gasoducto GME a partir del 1 de noviembre, ya que pasa por Marruecos, país con el que cortó relaciones diplomáticas el mes pasado. Se trata de uno de los dos gasoductos que llegan a España desde Argelia. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, no tardó en personarse en el país para estrechar las relaciones comerciales y garantizar el suministro, algo que el gobierno argelino aseguró. Sin embargo, Argelia es un país del que rara vez llegan noticias debido a esta dependencia gasística, por lo que es interesante tener en cuenta algunos aspectos y conocer mejor a estos socios de nuestro gobierno.

La expansión del islamismo

Es importante comenzar con una medida positiva en lo que al pueblo se refiere. Tras décadas de luchas populares, en 2016 Argelia por fin reconoció constitucionalmente la lengua tamazight —de los pueblos amazigh, mal llamados bereberes— como un «idioma nacional y oficial». Pero esto no significa que haya cesado la discriminación hacia ellos. La creciente expansión de la ideología islamista trata de homogeneizar a los diferentes pueblos del Magreb e imponer una única identidad árabe y musulmana al mismo tiempo —ni de lejos contempla el laicismo—.

Por ejemplo, en 2018, el Congreso Mundial Amazigh (CMA) puso una denuncia contra la diputada islamista y presidenta del Partido de la Equidad y la Proclamación (PEP), Naima Salhi, por hacer declaraciones racistas y contra los pueblos amazigh. La presión islamista también ha agravado la discriminación ya existente por el uso de su lengua e incluso se ha llegado a arrestar a 41 personas solo por ondear la bandera amazigh, de las cuales 28 han sido condenadas.

Además, en las últimas elecciones parlamentarias, en junio de este año, aunque volvió a ganar el Frente de Liberación Nacional (FLN) del presidente Abdelmayid Tebune, la tercera opción más votada fue el Movimiento de la Sociedad por la Paz (MSP), vinculado a los Hermanos Musulmanes, de ideología islamista. Aun así, la abstención fue la gran ganadora, ya que, según informó el presidente de la Autoridad Electoral Nacional Independiente (AENI), Mohamed Charfi, la tasa de participación fue ligeramente superior al 23%, es decir, de los 24 millones de personas llamadas a las urnas, solo 5,6 millones votaron.

De hecho, en 2017 Argelia se acercó más a este islamismo al recurrir a las «finanzas islámicas», es decir, introducir la sharia o «ley islámica» en la economía. La intención era atraer a los inversores que no querían negociar dentro del mercado capitalista y bancario por prejuicios religiosos. Y es que este tipo de «finanzas» se basa en la interpretación de una sura del Corán que prohíbe la usura, entre otras cosas. Naturalmente, es muy habitual en las dictaduras islámicas del Golfo Pérsico.

Persecución de las voces críticas

A nivel social, tras la Primavera Árabe, el gobierno modificó en 2012 la Ley de Asociación, haciéndola aún más restrictiva. Entre otras cosas, las asociaciones están sometidas a un recibo de registro expedido por las autoridades. Si no lo tienen, no son autorizadas. Pero la administración se lo puede negar por cuestiones tan ambiguas como el bien común, el orden público o la moral pública.

Además, se prohíbe la obtención de fondos de organismos extranjeros y, en caso de querer adherirse a organismos internacionales, se ha de pasar por un doble mecanismo de control que incluye la supervisión del Ministro del Interior y del Ministro de Asuntos Exteriores. Igualmente, existe un férreo control hacia las organizaciones internacionales y se contemplan amplias y ambiguas opciones en las que se pueden suspender o disolver las asociaciones, de nuevo bajo conceptos vagos como «poner en peligro la soberanía nacional» o «inmiscuirse en asuntos internos».

A esto hay que añadir que en abril de 2020 se introdujo una disposición en el Código Penal que castiga con hasta 14 años de prisión la pertenencia a asociaciones que reciban financiación extranjera para llevar a cabo lo que se consideran actividades perjudiciales para la seguridad del Estado y los «intereses fundamentales de Argelia». Esto pone en una complicada situación a quienes legítimamente osen hacer críticas de las políticas gubernamentales.

El Movimiento Hirak toma las calles

En 2019, en los meses previos a las elecciones presidenciales, se produjo una oleada de protestas contra el gobierno exigiendo reformas políticas. La mayoría de manifestantes pertenecían al Movimiento Popular del Rif o Hirak. Este movimiento surgió en 2016 en el Rif tras la muerte de Mouhcine Fikri, un pescadero de 31 años de la ciudad marroquí de Alhucemas al que la policía confiscó 500 kg de pez espada. Cuando se subió para protestar a la parte trasera de un camión de basura, el mecanismo de trituración se activó y lo mató. Desde entonces, este movimiento ha sufrido una violenta represión por parte de Marruecos.

Lo lógico sería pensar que Argelia, histórica enemiga de Marruecos, no tomara la misma decisión. Pero el Movimiento Hirak también es reprimido en este país. Así, en aquellas manifestaciones pacíficas de 2019 se dispararon las detenciones arbitrarias y las disoluciones violentas de las concentraciones. Según informó Amnistía Internacional, el 11 de noviembre de 2019, «22 personas fueron condenadas a un año de prisión, incluida una condena condicional de seis meses, y una multa de 30.000 dinares argelinos. El 12 de noviembre, 6 más fueron condenadas a un año de prisión, incluida una condena condicional de seis meses».

Continúa la represión

Pero no es necesario retroceder hasta 2019. En los meses previos a las elecciones legislativas del pasado mes de junio, de nuevo se llevaron a cabo una serie de protestas legítimas y pacíficas. Amnistía Internacional documentó 37 casos de activistas detenidos de manera injusta entre marzo y mayo. Según grupos locales y activistas de derechos humanos, en junio había al menos 273 activistas bajo arresto injustamente.

Son varias las organizaciones de derechos humanos que este mismo mes de octubre han denunciado también los intentos de Argelia por disolver el potente grupo de la sociedad civil Rassemblement Actions Jeunesse (RAJ). La RAJ nació en 1992 con intención de «promover actividades culturales y valores de ciudadanía» y desde entonces ha ido ampliando sus apoyos y movilizando a la juventud argelina.

El director interino de Human Rights Watch (HRW) para Oriente Próximo y Norte de África, Eric Goldstein, declaró: «Buscar ilegalizar a una de las principales asociaciones de la sociedad civil por motivos espurios es otro intento de aplastar a los Hirak». Y acusaba a las autoridades de llevar a cabo «detenciones, redadas y juicios arbitrarios». Junto a HRW, Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Grupo de Derechos MENA y el Instituto de Estudios de Derechos Humanos de El Cairo (CIHRS) han denunciado la «represión» que sufren periodistas, activistas y simpatizantes de Hirak.

Dos casos llamativos en 2021

Por otra parte, a título particular cabe destacar dos casos que han trascendido especialmente este año. Por un lado, el pasado mes de abril un tribunal de Argel condenó al académico Said Yabeljir a tres años de cárcel y a una multa de 50.000 dinares argelinos (unos 310 euros) por «ofensas al islam». Sin embargo, él se defendió asegurando que se dedica a investigar sobre la tradición profética y la sharia, y es esto lo que fundamentaba sus mensajes. En declaraciones recogidas por la agencia estatal argelina de noticias APS, Yabeljir decía: «Es inconcebible que un especialista en la sharia ofenda a la religión musulmana». Y añadía que sus escritos «son parte del orden de la jurisprudencia».

Este mes hemos conocido otra sentencia. La de la destacada activista Amira Buraui, una de las figuras más importantes de las protestas contra el gobierno. Según anunció el Comité Nacional para la Liberación de los Detenidos (CNLD), se ha ratificado la sentencia dictada en mayo: dos años de cárcel por ofensas al islam e insultos al presidente, Abdelmayid Tebune: «atentado contra la persona del presidente de la República», «insultos a un funcionario en el ejercicio de sus funciones», «difusión de informaciones susceptibles de atentar contra el orden público» y «atentado contra los preceptos del islam y el profeta».

Buraui ya fue condenada a un año de prisión en 2020 por los mismos cargos, por «publicaciones que pueden atentar contra la unidad nacional» y por «incitar» a manifestaciones durante el confinamiento por el coronavirus. Y es que se trata de una vieja conocida para el gobierno argelino. En 2014 inició una campaña contra el entonces presidente Abdelaziz Buteflika, que se presentaba para un nuevo mandato tras quince años en el poder. Buteflika ganó y en 2019, cuando quiso volver a presentarse, Buraui fue una de las organizadoras de las movilizaciones que forzaron su dimisión.

Artículo original en Nueva Revolución el 05/11/2021, como parte de la sección 30 días, 30 voces.