¿Qué está pasando en Paraguay?

Análisis sobre la situación en el país tras la destitución de Fernando Lugo: por qué ha sucedido esto, quién es Federico Franco y quiénes le apoyan.

El Senado de Paraguay destituyó el viernes al presidente Fernando Lugo tras un “juicio político”, considerándole culpable de un mal desempeño de sus funciones, después de los enfrentamientos que tuvieron lugar la semana pasada en la localidad de Curuguaty, al sureste del país, y en los que murieron once campesinos y seis policías.

Aunque muchos estados y grandes personalidades tildan este hecho de golpe de estado, lo cierto es que la posibilidad de este tipo de destitución está contemplada en la Constitución de Paraguay. Su artículo 225 dicta que el presidente de la República puede ser sometido a juicio político “por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes”.

Claro que esta presencia en la Carta Magna no implica que sea una acción moral o que en este caso esté bien empleada. En cualquier caso, en la destitución del presidente elegido en 2008 han votado 39 senadores a favor, cuatro en contra y ha habido dos ausencias. Hasta las elecciones de abril de 2013 ocupará el cargo el que era vicepresidente, Federico Franco. Para las elecciones de 2008, el partido de Lugo, el Demócrata Cristiano, y el de Franco, Partido Liberal Radical Auténtico, se unieron formando la Alianza Patriótica para el Cambio (APC) para derrotar al Partido Colorado, que llevaba más de seis décadas en el poder, de la mano del dictador Alfredo Stroessner. Una vez conseguida la victoria de la APC, esta se disolvió. A pesar de esa unión puntual, la personalidad y creencias de Franco difieren sustancialmente de las del ya expresidente, especialmente en materias primordiales.

Causas inmediatas y lejanas

Entre las razones inmediatas que le han costado el puesto a Lugo se encuentran, por supuesto, los acontecimientos de Curuguaty, que costaron la vida a 17 personas, después de que un centenar de campesinos ocupara en mayo la finca Campos Morombi, del diputado Blas Riquelme, del Partido Colorado, el de la oposición. Los ocupantes protestaron por la escasez de tierras agrícolas. Finalmente, el día 15 de junio el gobierno de Lugo ordenó el desalojo, que provocó fuertes enfrentamientos entre policía y protestantes, que terminaron con la muerte de seis funcionarios del orden y once campesinos. Estos hechos desembocaron en la dimisión del ministro del Interior, Carlos Filizzola, y del comandante de la Policía, Paulino Rojas.

No obstante, estos sucesos no hicieron sino empeorar más la imagen que se tenía del gobierno de Lugo. Desde antes del año 2008 había prometido llevar a cabo una reforma agraria “integral”, elaborando, entre otras cosas, un catastro nacional de propiedad. Sin embargo, en abril de este año, el diario paraguayo ABC Color denunciaba que la tan anhelada reforma “ha llegado, pero solo a unos pocos funcionarios de alto rango del Indert [Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra], que se autoasignaron millonarias gratificaciones y ostentan principescas mansiones, mientras los asentamientos campesinos sobreviven en el más absoluto abandono”.

En el lado opuesto se encuentran las políticas positivas del gobierno de Lugo: uno de sus mayores logros fue la mejora del sistema público de salud, garantizando la gratuidad a todos los ciudadanos. En el ámbito educativo, entre otras medidas, inició en 2008 la distribución gratuita de ordenadores portátiles a los estudiantes de Primaria, con el objetivo de impulsar la educación a través de las nuevas tecnologías.

Puntos clave de Federico Franco

El exvicepresidente y sucesor en la presidencia de Paraguay, Federico Franco, ha establecido una serie de prioridades en su primer día en el gobierno. El nuevo comandante de la Policía, Aldo Pastore, ha adelantado que una de sus primeras medidas será esclarecer las causas de la “matanza de Curuguaty”, investigando el núcleo del enfrentamiento entre policías y campesinos, entre los que, según fuentes policiales, podrían haber estado infiltrados miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo guerrillero de índole marxista-leninista y nacionalista que el gobierno considera terrorista, que opera desde 2008 en el país a través de secuestros, robos y atentados con explosivos. El EPP era crítico con el gobierno de Lugo, pues para sus integrantes representaba la oligarquía, ignoraba los problemas sociales y no llevaba a cabo una verdadera reforma agraria.

Regresando a la persona de Federico Franco, hay una serie de cuestiones que le caracterizan y que en más de una ocasión provocaron enfrentamientos con Fernando Lugo. A sus 49 años y perteneciente al Partido Liberal Radical Auténtico, entre sus premisas destacan la defensa de la propiedad privada y una reforma agraria para la que “se necesita no solo la compra y distribución de tierras, sino también una transformación productiva del campesinado”. Respecto al EPP, plantea una lucha frontal contra lo que considera terrorismo, y en una ocasión declaró que Lugo no tenía intención de acabar con la organización porque tenía vínculos con algunos integrantes. Pero también tiene una postura clara en temas como el aborto y el matrimonio gay, que rechaza terminantemente por sus “convicciones cristianas”. En Paraguay no es legal el matrimonio entre homosexuales, aunque hay organizaciones que luchan por ello, y Franco ya ha dejado claro que, en caso de presentarse un proyecto ley, lo rechazará. Sin duda, otro aspecto relevante del nuevo presidente es que se opone al ingreso de Venezuela en el Mercado Común del Sur (Mercosur), mientras apoya el de Colombia.

A favor: EE.UU., Alemania y ¿España?

En Paraguay, como en el resto del mundo, la derecha ha apoyado el cambio de presidente, mientras que la izquierda lo ha atacado, tachándolo de “golpe de estado”. El principal grupo de la oposición, el Partido Colorado, de derecha, fue el impulsor del juicio político por los hechos de Curuguaty.

Dentro del país, ninguna fuerza más ha apoyado la destitución, a excepción, claro está, del Partido Radical de Franco. El nuevo régimen necesita legitimarse consiguiendo el apoyo externo. Aunque en su entorno le va a resultar difícil, cuenta, aunque no se haya expresado claramente, con el respaldo de Estados Unidos, que, antes de la destitución, pidió calma y que se respetase “escrupulosamente” el proceso que se debía seguir.

El principal respaldo de Europa ha llegado a través de Alemania, que si bien no ha declarado nada oficialmente, sí lo ha hecho mediante su embajador. Claude Robert Ellner visitó ayer, junto a Dirk Niebel, ministro de Cooperación Económica y de Desarrollo de Alemania, y otros funcionarios de América y África, el Palacio de Gobierno para brindar su apoyo al nuevo presidente.

Como siempre que llega un gobierno conservador al poder, Franco ha recibido el reconocimiento incondicional del Vaticano. Su representante en el país, Eliseo Ariotti, acudió también ayer al Palacio para “honrar a las autoridades del país”.

España, como suele suceder en todos los conflictos internacionales, se ha mantenido al margen, característica propia de la política de recogimiento que lleva arrastrando desde finales del siglo XIX [política caracterizada por el complejo de inferioridad hacia el exterior, especialmente hacia Europa, y el deliberado apartamiento de importantes alianzas y compromisos internacionales, así como la tan recurrida neutralidad española]. El Ejecutivo se ha limitado a responder a través de una nota: “España defiende el pleno respeto a la institucionalidad democrática y el estado de derecho y confía en que Paraguay, en el marco del respeto a su Constitución y a los compromisos internacionales, logre encauzar la actual crisis política, así como salvaguardar la convivencia pacífica del pueblo paraguayo”.

La única reacción clara y en este caso contraria al nuevo gobierno ha sido la del Partido Comunista (PCE), cuyo secretario general, José Luis Centella, calificó la destitución de “golpe institucional”, consideró que se trataba de un ataque de la oligarquía latinoamericana al servicio del imperialismo, y advirtió: “Lo hicieron en Honduras, lo van a intentar en Bolivia y van a intentar dar el golpe en Venezuela”.

América Latina en contra

En Paraguay, tanto la izquierda concentrada en el Frente Guasu, como el Partido del Movimiento al Socialismo (P-MAS) y el Partido Comunista Paraguayo (PCP) han rechazado por completo el cambio de gobierno. El primero ha instado a los ciudadanos a manifestarse de forma pacífica. El P-MAS se ha unido a esta “resistencia pacífica a los asesinos de la democracia”. Y el PCP ha emitido un comunicado lamentando que los golpistas se hayan aprovechado de “la sangre derramada por compatriotas en la masacre de Curuguaty” para el derrocamiento. El PCP también ha destacado la falta de tiempo que el expresidente ha tenido para defenderse. Según el comunicado, tratándose del golpe de una oligarquía dirigida por «el senador ladrón de elecciones», Juan Carlos Galaverna, del Partido Colorado; por el «narcoempresario» Horacio Cartes y el exgeneral golpista Lino Oviedo, «no es de extrañar que ni siquiera se tomen la molestia de respetar el debido proceso que debe garantizar a todo juicio justo dando menos de 24 horas para que el Presidente Fernando Lugo prepare su defensa».

Pero Federico Franco tiene una gran tarea por delante para conseguir su legitimación internacional. Aunque consiga el respaldo de las grandes potencias occidentales, tendrá que lidiar duramente con sus vecinos de Latinoamérica. Varios estados ya han asegurado que no van a reconocer este nuevo gobierno. Ha habido varias denominaciones. Aunque la más común ha sido “golpe de estado”, Perú, por ejemplo, lo ha llamado “golpe a la democracia”. En definitiva, para decir lo mismo. Argentina, Ecuador, Bolivia, República Dominicana y Venezuela avisan de que no van a reconocer a Franco. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció que no aceptará otro presidente que no sea Lugo. Evo Morales ha dicho que no acepta “un gobierno que no surja de las urnas y del mandato del pueblo”. Por su parte, Hugo Chávez ha tachado régimen de “írrito e ilegal”. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha asegurado que no va a “convalidar el golpe”. Durante el fin de semana, Kirchner ha retirado a su embajador del país. Pero sin duda, la estacada final para Franco ha procedido de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien sugirió el viernes la expulsión de Paraguay del Mercosur y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). El próximo jueves comienza la Cumbre del Mercosur, a la que no solo acudirán los integrantes –Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay–, sino también otros gobernantes de América Latina, para estudiar la situación del nuevo gobierno paraguayo y decidir si se rompen o no relaciones institucionales.

Desde Unasur se ha elaborado un comunicado lamentando que los representantes de la organización “se reunieron con el Vicepresidente Federico Franco, con dirigentes políticos de diversos partidos y autoridades legislativas, de quienes lamentablemente no obtuvieron respuestas favorables a las garantías procesales y democráticas que se les solicitaron”. Aunque reconoce su apoyo incondicional al gobierno de Lugo, destaca que se estudiará en qué medida se podrá continuar con las relaciones y cooperación.
También a través de un comunicado el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José María Insulza, calificó de «juicio sumario» la destitución, y aseguró que el Senado del país vulneró el derecho a la «legítima defensa».

Mención aparte merece Cuba, que también se ha manifestado. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió desde La Habana una declaración oficial en la que destacaba que no reconocerá ningún poder que no emane de la soberanía del pueblo paraguayo, y advirtió: “Este golpe se suma a la larga lista de atentados contra la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos, siempre realizados por las oligarquías con la autoría, la complicidad o la tolerancia del gobierno de los Estados Unidos”.

Con todo lo expuesto, la reflexión queda para el lector, partiendo siempre de que ninguna de las partes tiene totalmente la razón, y de que los acontecimientos nacionales e internacionales no pueden analizarse de manera aislada, sino que están estrechamente relacionados e interconectados. Fernando Lugo ha sido destituido de su cargo por una causa explícita –los hechos de Curuguaty–, si bien hay claramente razones implícitas. ¿Ha sido un golpe de estado? Por otra parte, ¿cómo pueden afectar las negativas de los países latinoamericanos a reconocerlo a las relaciones exteriores de Paraguay? ¿Y cómo puede afectar esto a los propios ciudadanos del país? La personalidad del nuevo presidente, ¿es mejor o peor que la de Lugo? ¿O acaso esto no es relevante? En definitiva, ¿supone grandes cambios para el gran escenario que es América Latina respecto al resto del mundo? Especialmente ahora, que empieza a emerger económicamente.

Imagen: United Nations Photo

Artículo original en El Nuevo Fígaro el 24/06/2012.