La Corte Penal Internacional (CPI) ha condenado a Dominic Ongwen, comandante del Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés) de Uganda, a 25 años de cárcel por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Su situación es particular, ya que él mismo fue capturado por el LRA y convertido en niño soldado. La noticia de su condena merece un repaso por el conflicto que todavía a día de hoy asola el país.

Fue en 2005 cuando la Corte Penal Internacional presentó cargos y órdenes de detención contra varios miembros del LRA, entre ellos Ongwen y Joseph Kony, el líder autoproclamado médium espiritual de este grupo cristiano extremista, ahora el único que continúa libre, ya que el resto han muerto. Por su parte, Ongwen se entregó en 2015 y fue procesado, siendo finalmente declarado culpable de un total de 61 crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra perpetrados entre el 1 de julio de 2002 y el 31 de diciembre de 2005. Entre ellos, “ataques contra la población civil”, como asesinato, intento de asesinato, esclavismo, violación de la dignidad personal, saqueo, destrucción de propiedades y persecución en cuatro ataques contra campamentos de desplazados en Uganda entre 2003 y 2004. También se le considera culpable de “crímenes sexuales y de género”, entre ellos matrimonios forzosos, torturas, violación, esclavitud sexual, embarazos forzosos y violación de la dignidad personal de varias mujeres secuestradas. A esto se le añade el reclutamiento de niños soldado menores de 15 años y su uso en los ataques.

Por otra parte, el juez, Bertram Schmitt, ha reconocido que el tribunal se enfrentaba a una situación excepcional, ya que el propio Dominic Ongwen fue secuestrado por el LRA cuando tenía nueve años. Fue torturado y obligado a presenciar asesinatos. Posteriormente, le adoctrinaron y obligaron a combatir. Con el tiempo, fue ascendiendo dentro del grupo y llegó a ser uno de los líderes. Por esta circunstancia, la Sala ha concedido un ligero atenuante, aunque uno de los jueces defendía la pena máxima, 30 años de cárcel, ya que su pasado no reduce la gravedad de sus delitos. Aun así, la CPI ha explicado que en la mayoría de crímenes han existido agravantes, como la crueldad particular, múltiples víctimas, indefensión de estas y discriminación política y contra las mujeres. Es interesante añadir que en el juicio se ha contado con el testimonio de más de 4.000 víctimas.

Cómo se ha llegado hasta aquí

Como de costumbre, el contexto es indispensable para comprender los conflictos, también el que ha llevado a Dominic Ongwen ante la Corte Penal Internacional, así que haremos un breve repaso por la historia reciente del país. En 1962, Uganda se independizó de Reino Unido y, en 1966, el primer ministro, Milton Obote, fue acusado de contrabando de oro junto al oficial militar Idi Amin. Entonces, suspendió la Constitución y, entre otras acciones, se autoproclamó presidente de Uganda. Permaneció en el poder hasta 1971, con un gobierno acusado de autoritario y corrupto, además de perseguir a algunas minorías étnicas. Entonces, ese año un golpe militar encabezado por su propio colaborador, Idi Amin, lo derrocó y él se exilió en Tanzania.

Por su parte, Idi Amin fue conocido como el “carnicero de Uganda” y perpetró todo tipo de crímenes, como masacres y persecución hacia las etnias acholi y lango, así como hacia todo tipo de disidentes, también periodistas, intelectuales, homosexuales o estudiantes. Entre sus políticas, intentó invadir Tanzania, pero la fuerza militar de este país era superior y no solo repelió la invasión, sino que derrocó a Idi Amin. En su lugar, a través de unas elecciones fraudulentas, Milton Obote regresó al poder en 1980. Durante su segunda presidencia, permitió que las víctimas de la dictadura de Idi Amin se vengaran y dio fuerza así a la guerra civil ugandesa, que duró de 1981 a 1986. En este conflicto se enfrentaron el gobierno de Obote y después el de Tito Okello —quien, a su vez, derrocó a Obote— contra el Ejército de Resistencia Nacional (NRA), fundado, entre otros, por Yoweri Museveni, actual presidente del país. Durante la guerra, ambos bandos cometieron violaciones de derechos humanos, como masacres contra civiles y opositores y, en el caso de la NRA, también usaron minas terrestres y secuestraron a niños para utilizarlos como soldados. Según datos del Institute for Security Studies, en los años en que Museveni lideraba el grupo rebelde, había aproximadamente 3.000 menores de 16 años en sus filas, de los cuales una sexta parte eran niñas.

Una vez terminada la guerra en 1986, Museveni también fue uno de los fundadores del Movimiento de Resistencia Nacional (NRM). Por otra parte, el nuevo gobierno, a través de un Consejo Nacional de Resistencia, nombró a Museveni presidente y ministro de Defensa. Y así, desde aquel año hasta la actualidad, ese hombre que utilizaba niños soldado y niñas explotadas sexualmente continúa siendo presidente de Uganda, bajo sospechas de fraude electoral. Entre otras cosas, hasta el año 2006 era un sistema de partido único —el NRM— y Museveni ha arrasado en todas las elecciones posteriores, en las que, según la oposición, se ha cometido fraude.

Por su parte, el grupo armado cristiano nació en 1987 con el nombre del Ejército del Señor. Un año después cambió su nombre por Ejército Cristiano y Democrático del Pueblo Ugandés y, finalmente, en 1992 pasó a llamarse Ejército de Resistencia del Señor, conocido también por sus siglas en inglés, LRA. Su objetivo es crear un régimen teocrático cristiano con Joseph Kony como líder espiritual. Surgió como reacción al gobierno de Yoweri Museveni y su actividad llega hasta el día de hoy. Sus principales miembros, como Joseph Kony o el condenado Dominic Ongwen, pertenecen a la etnia acholi, que compone el 4% de la población ugandesa y sufrió un genocidio bajo el gobierno de Idi Amin, porque eran partidarios de Milton Obote. Sin embargo, este pueblo, que vive en la región del norte de Uganda conocida como Acholilandia, ha sido uno de los más castigados por el propio grupo, a través de los miles de raptos de niños convertidos en soldados y niñas explotadas como esclavas sexuales.

Así, los años 90 fueron particularmente cruentos para la población civil, tanto por parte del LRA —apoyado entonces por Sudán— como del propio Gobierno de Uganda. A los crímenes anteriores se unen mutilaciones, quema de personas vivas, amputaciones o violaciones con el fin de propagar el VIH. Según datos de la ONU, durante los años 90 y la primera década de los 2000, más de 100.000 personas fueron asesinadas y entre 60.000 y 100.000 niñas y niños fueron raptados por el LRA. Además, según datos de la Survey of War Affected Youth (encuesta sobre jóvenes afectados por la guerra) del año 2006, el 78% de los menores secuestrados en Uganda habían sido testigos de un asesinato, el 63% habían sufrido una paliza severa, un terrible 23% habían sido forzados a abusar de cadáveres y un atroz 20% habían tenido que asesinar a una persona desconocida.

Volviendo al desarrollo del conflicto, en 2006 se firmó un alto el fuego que dio paso a unas conversaciones de paz que se prolongaron hasta 2008. Ese año se lanzó una operación contra el grupo, que respondió asesinando a 620 civiles y secuestrando a más de 160 menores entre el 24 de diciembre y el 13 de enero en el norte de la República Democrática del Congo, que está inmersa en su propio conflicto. En 2017, casi una década después, tanto el Gobierno de Uganda como el de Estados Unidos —que también tenía soldados buscando a Kony— decidieron que el LRA ya no era una amenaza debido a que, entre otras cosas, se cree que el número de miembros no llega a los cien.

Parece probable que es cuestión de tiempo que el LRA desaparezca, ya que, además de sus escasos miembros, algunos combatientes que lo han dejado han afirmado que Kony ve el grupo más como una banda de refugiados que de rebeldes y que ahora principalmente tratan de sobrevivir, incluso vendiendo miel en mercados locales, ante la falta de financiación y apoyo. Sin embargo, aunque el número de ataques es relativamente bajo comparado con años anteriores, Joseph Kony continúa desaparecido y su grupo sigue secuestrando menores y cometiendo asesinatos. Según datos de Invisible Children, en 2020 asesinaron a 29 civiles y secuestraron a 192 en otros lugares donde también tienen presencia: Sudán del Sur, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana. Por lo tanto, la población civil aún vive con miedo a que les arrebaten a sus hijos e hijas o a no saber si al día siguiente presenciarán un ataque indiscriminado, así que es urgente avanzar en la resolución del conflicto. Igualmente, el propio presidente del gobierno ugandés, Yoweri Museveni, que también cometió crímenes de guerra y secuestró a niños y niñas, debería ser procesado por el mismo tribunal internacional que ha condenado a Dominic Ongwen.

Imagen principal: Varias personas hacen cola para recibir comida del Programa Mundial de Alimentos en un campo para personas desplazadas internas en Uganda. Foto: Liz St. Jean Photography

Artículo original en Nueva Revolución el 11/05/2021.